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El paquete de medidas para la clase media propuesto por el gobierno busca entregar ayuda a sectores que normalmente están fuera del alcance de las políticas solidarias del Estado, y que hoy sufren -como la mayoría de los chilenos- las secuelas sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. A grosso modo, que la ayuda entregada a las personas en situación de vulnerabilidad sea a través de transferencias directas, y que a la clase media se la apoye por la vía del acceso a créditos blandos, suena razonable.

Sin embargo, en un Chile profundamente desigual, que ha fallado en garantizar derechos sociales básicos con estándares de calidad y en donde la llamada clase media es muy diversa, el acceso al crédito, que podría tener sentido para una clase media alta con capacidad de deuda, no lo tiene en esta contingencia. La clase media, en general, tiene hoy un elevadísimo nivel de endeudamiento, que es mayor justamente en la parte más alta de ese gran y variopinto segmento. Por ello, para buena parte de quiénes tenían ingresos mayores al promedio nacional antes de esta crisis, y que hoy lo están pasando muy mal pues sus ingresos se redujeron o desaparecieron, este nuevo paquete de medidas solo viene a contribuir con el aumento de la deuda.

El mayor gasto público para satisfacer de manera directa las urgencias de las personas implica mayor deuda pública. Que eso tiene importantes consecuencias para nuestro futuro, es innegable; pero evitar aumentar la deuda pública a costa de ofrecerle créditos a familias que hoy están más endeudadas que el Estado, no parece ser una vía justa.

Es cierto que no hay soluciones simples para la situación actual, ya que cada alternativa tiene costos elevados. Tanto los aportes directos (créditos blandos o la posibilidad de acceder a los ahorros de pensiones) como los indirectos (aumento de la deuda pública, que la generación de los millennials pagará mediante impuestos) acarrean repercusiones invariablemente dolorosas para las personas.

Desde el mundo liberal sostenemos que, frente a la complejidad de la situación, pareciera ser mejor poner a disposición de la ciudadanía un amplio rango de alternativas entre las cuales puedan escoger, dejando en claro las ventajas y desventajas de cada una, según la propia situación y realidad. Esta sería una fórmula equilibrada para distribuir el costo de la pandemia, evitando que sea asumido solo por la ciudadanía, como ocurrió con el uso del seguro de cesantía. El rol del Estado en una crisis de estas proporciones, no solo es pertinente sino indispensable, más aún cuando se ha incumplido una promesa de prosperidad realizada a la clase media, parte del malestar y el descontento que condujeron al estallido social.

María Ignacia Gómez y Rodrigo Rettig
Presidenta y Secretario General partido Ciudadanos

Fuente: El Mostrador

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