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Reforma al sistema de pensiones: el tiempo de los cambios llegó

Maria Ignacia GómezJulio 21, 2020

El estado crítico de la legitimidad de nuestro sistema de pensiones, reflejado en la polémica sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales, evidencia, una vez más, cuán necesarios son los cambios profundos en la materia.

Sin embargo, vemos que ni las reformas más cautas han sido posibles, por causa de una dinámica reiterativa: el mundo de las AFP y los sectores políticos afines llevan años declarando que hoy aprobarían la reforma del año anterior, a la que entonces se opusieron con uñas y dientes, mientras hacen lo mismo en la coyuntura actual. Este es un camino que, sumado a la tardanza y falta de coraje político de los gobiernos, nos ha llevado a propuestas crecientemente dañinas, como la expropiación de fondos, en un formato similar al de Argentina.

Un punto de partida para salir de este círculo vicioso sería la reforma que duerme en el Congreso. Recordemos que, entre varios importantes cambios, ésta convierte el sistema individual en uno mixto, a través de un incipiente pilar de reparto, cuyo crecimiento hacia el futuro debiera complementarse gradualmente con recursos fiscales. También se propone la creación de una nueva agencia pública, que estará encargada de recaudar y administrar un 3% adicional de cotización, licitando carteras a gestores de inversión, para luego sumar lo ganado a las pensiones.

La oportunidad radica en que este esquema de captador único y mercado de gestores de inversión, surgido a través de la negociación entre el gobierno y la Democracia Cristiana, bien puede extenderse paulatinamente para recaudar también el 10% que hoy va a las AFP, reemplazándolas en la práctica. Ese es el mismo esquema que propuso Andrés Velasco en 2017 y que podría poner fin al actual sistema de AFP, con todo el peso simbólico, político e histórico que ello implica.

En este nuevo marco, como sociedad nos ahorraríamos el peso de vendedores y marketing del sistema previsional, y veríamos competencia entre gestores, que hoy no vemos entre las AFP. Pero, más importante que dichas eficiencias, sería el giro hacia un sistema público que esté en mejores condiciones de dar garantías a las personas, ya convencidas de que ceder la administración de sus futuras pensiones a actores privados, que buscan más su propia rentabilidad que la de los cotizantes, es una mala idea.

También sería un demoledor golpe a la cátedra de parte de un presidente percibido como favorable a las empresas, quien podría salir del actual agujero político, construyendo de paso un potente legado en esta materia. Y, lo que es fundamental, la ciudadanía vería, por fin, el acto sacrificial por parte de la élite político-económica que ha estado esperando desde octubre, lo que destensionaría el ambiente de cara a la discusión de la nueva Constitución. En Ciudadanos no tenemos dudas de que la cancha está lista para un amplio acuerdo en esta dirección.

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Maria Ignacia Gómez
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Abogada de la Universidad Diego Portales, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile - Presidenta de Ciudadanos

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