En los últimos años ha aumentado la mala percepción ciudadana sobre la calidad de la atención en los servicios del Estado14 , principalmente debido a su incapacidad para responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más compleja, diversa y exigente. Las huelgas, ilegales para el sector público,15 o las movilizaciones durante el proceso de negociación por el reajuste salarial de los funcionarios públicos 16 , han contribuido desfavorablemente a alimentar esta percepción.

Más allá de la profundidad de los factores que influyen sobre la administración de los recursos del Estado, se hace necesario y urgente tener una respuesta acorde a los estándares de calidad que demanda una sociedad civil moderna.

  1. Mejorar el reclutamiento y selección de personal: Proponemos implementar un examen único de ingreso a la administración pública para certificar que las personas interesadas cumplan con las competencias mínimas necesarias para trabajar en el Estado. Este instrumento es una solución eficaz contra el “amiguismo”, el “cuoteo político”, el “nepotismo”, y otras malas prácticas que atentan contra las capacidades institucionales y el bienestar de la sociedad.
  2. Instalar un sistema que estandarice el diseño de puestos de trabajo y la definición de perfiles para ocupar esos cargos: El objetivo es reducir las descripciones genéricas que se limitan a un conjunto de requisitos comunes (como titulación, experiencia y estudios necesarios), sin detallar las tareas y funciones esperadas.
  3. Mejorar el entrenamiento eficaz y acorde a las necesidades del Estado: La mejora continua pasa necesariamente por una capacitación constante de nuestros servidores públicos. Aunque actualmente en algunos servicios del Estado existen planes de inducción, creemos que debe existir una política de capacitación común a todos los organismos del Estado.
  4. Implementar un sistema de evaluación individual a cargo de una entidad externa, cuyos instrumentos de evaluación sean fijados en conjunto con la autoridad del Servicio (como se hace en el Poder Judicial): Lo anterior busca reforzar el buen desempeño con un sistema de incentivos económicos, que premie a los funcionarios que hayan realizado una contribución diferenciadora.
  5. Generar una nueva política laboral para los servidores públicos: Esta normativa se debe basar en los principios de meritocracia, de igualdad de oportunidades, debe ser flexible a las demandas ciudadanas y adaptable en el tiempo. Ello se lograría estableciendo un nuevo régimen basado en el Código del Trabajo, que norme condiciones de despido e indemnización, generando una modificación gradual del sistema planta- contrata-honorario hacia una modalidad única de contratación, generando incentivos al retiro.
  6. Disminuir la cantidad de ministerios y hacerlos más eficientes: Desde el retorno a la democracia, el crecimiento del Estado ha sido inorgánico. En 1990 había 19 ministerios, hoy 22 y a la espera de la aprobación por parte del Congreso del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Ministerio de la Cultura y las Artes. Este crecimiento no solo implica un aumento en el costo de administración del Estado (por cada ministerio se deben crear secretarías en las quince regiones del país), sino que también dificulta la propia coordinación entre ministerios y agencias. Precisamente para fortalecer la eficiencia y coordinación creemos necesario reducir el número de ministerios, uniendo carteras ministeriales afines.
  7. Crear la Agencia de Análisis de Políticas Públicas en el Congreso para fortalecer la labor legislativa: Creemos necesario contar con una oficina de análisis técnico que funcione en el Congreso con el objetivo de fortalecer la función parlamentaria. Esta agencia, que dependerá del propio poder Legislativo, debiese estar compuesta por un equipo de expertos de diversas profesiones para entregar apoyo técnico en el proceso legislativo a todos los parlamentarios. Además, la nueva agencia realizará para cada iniciativa de ley en discusión, un análisis del costo-beneficio social de los proyectos, además de generar recomendaciones para la implementación legal y administrativa de estos.
  8. Crear Directorios de Gestión Pública: Los servicios del Estado deben tener un proceso permanente de mejora y eficiencia, el cual no puede estar atado a los cambios políticos cada cuatro años. Para blindar la gestión del Estado del ciclo político, creemos prioritario crear “Directorios de Gestión Pública” – DGP – conformados por personas del sector público y privado. Estos Directorios de gestión dirigirán y supervisarán la dirección de servicios del Estado que estén relacionados, en uno o más ministerios.
  9. Extender los contratos de los profesionales seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP): Pese a que la mayoría de los servicios y organismos del Estado eligen a sus directivos a través del SADP, la experiencia ha mostrado las fragilidades del sistema. Uno de sus principales problemas son los despidos que se realizan con cada cambio de gobierno, sin importar las credenciales profesionales y el concurso por el cual se realizó el nombramiento. Para evitar estos cambios que perjudican la operación de los servicios del Estado, creemos necesario que las contrataciones bajo el SADP sean por un plazo fijo de seis años.
  10. Avanzar hacia un Estado sin papeles al 2025: El vertiginoso avance de las tecnologías de la información no se ha visto reflejado en el accionar del Estado. Aún persiste la lógica de las acciones presenciales en los organismos del Estado. Esto tiene un costo de desplazamiento y tiempo considerables para los ciudadanos y para el propio Estado. Por eso creemos necesario iniciar un plan de eliminación de papeles para el año 2025 que fomente el almacenamiento digital.
  11. Mejorar la calidad de datos públicos y su accesibilidad: En la denominada era del “big data”, el almacenamiento y manejo de millones de datos para la toma de decisiones se ha transformado en un factor clave incluso para el Estado. Sin embargo, en el caso de Chile, poco se ha avanzado en esta materia. Actualmente, la información pública disponible no tiene estándares mínimos de presentación, lo cual dificulta su procesamiento y análisis. Creemos necesario fortalecer el manejo de datos públicos, para de ese modo fortalecer la propia transparencia del Estado.