Nuestras prioridades se basan en una visión auténticamente liberal, entendiendo que la cultura es una creación constante y libre de personas y comunidades. Creemos que el Estado debe ejercer el rol de protector del patrimonio y facilitador de los procesos culturales, pero nunca de programador. Más concretamente, el Estado debe facilitar la acción de personas y organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, promover y en algunos casos regular las relaciones entre ellas, y delegar la ejecución de programas de interés público en la sociedad civil, siempre y cuando sea posible hacerlo cautelando al mismo tiempo el interés general.

  1. Mejorar los sistemas de financiamiento cultural: El Estado puede optar por subsidios (apoyo no reembolsable) o créditos (apoyo reembolsable) a la hora de apoyar proyectos relacionados con las artes. Ejemplo de la primera alternativa es el actual FONDART. Creemos que este y otros fondos concursables no reembolsables deben ser reformulados de manera tal que generen un impacto significativo en términos de creación artística, calidad y difusión de la misma, evitando al mismo tiempo que esta estructura de financiamiento fomente una relación de dependencia entre los artistas y el Estado.
  2. Crear el Consejo de las Artes: Respecto a la forma como las subvenciones (para artistas e instituciones) son asignadas, proponemos avanzar decididamente hacia un modelo institucional18. Proponemos crear en Chile una instancia con estas características, vale decir, que tenga personalidad jurídica propia y reciba transferencias públicas para fines de asignación de recursos. Este Consejo de las Artes debiese estar sustentado en un proyecto ley, de esta manera aumentaría el sentido de justicia e independencia que debe guiar siempre la asignación de fondos públicos y mejoraría tanto la calidad de los proyectos como la eficiencia administrativa de la política pública y se excluiría efectivamente al Estado de las tareas de programación.
  3. Modificar los criterios de asignación de recursos: Con respecto a montos y mecanismos de subvenciones creemos necesarios cuatro cambios al sistema actual que tendrán un impacto significativo en términos de calidad de proyectos y costo administrativo del sistema: (i) montos bajos –máximo 5.000.000 por proyecto, salvo en excepciones calificadas por el mismo Consejo de las Artes-; (ii) sistema de ventanilla abierta (postulaciones permanentes, no en fechas del año determinadas); (iii) filtro previo: no se justifica evaluar una enorme cantidad de proyectos, es necesario realizar una selección anterior que disminuya el gasto fiscal de evaluación y el costo en el que incurren los artistas y creadores para presentar sus proyectos; y (iv) sistema de mediación para proyectos rechazados que estén cerca del punto de corte.
  4. Generar esquemas de apoyo financiero “reembolsables” en el caso de las disciplinas artísticas que además de ser interesantes en términos culturales, pueden lograr una rentabilidad privada elevada (Cine, por ejemplo): En estos casos, promoveremos por medio de incentivos de distinto tipo, la formación de fondos de inversión cultural y la entrega de apoyo público en forma de créditos. Este esquema ha sido y es actualmente promovido con éxito en una serie de países (casos interesantes incluyen a Dinamarca, Alemania, Australia, España y Argentina), este no solo es más justo sino más eficiente, pues evita que el Estado financie iniciativas que aún en ausencia de apoyo público serían realizadas permitiendo maximizar los recursos públicos destinados a subvencionar iniciativas artísticas.
  5. Incentivar la donación con fines culturales: Proponemos fortalecer la cultura de subvenciones de origen privado, al perfeccionar los incentivos tributarios de las donaciones, revisando los topes y procedimientos con el fin de facilitarlas, y validando la imagen pública de los filántropos como agentes de cambio en materia cultural. Esto es consistente con la visión que tiene nuestro partido respecto al rol que tiene el Estado en cuanto a facilitador y regulador.
  6. Mejorar la institucionalidad de la cultura: Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto de creación de un Ministerio de Cultura. Aunque compartimos la idea de reformular la institucionalidad cultural, el proyecto no logra resolver este asunto del todo. Por eso creemos necesario mejorar la institucionalidad existente de la siguiente manera: (I) Incluir entre las funciones del Consejo Nacional de las Artes la Cultura y el Patrimonio el dar seguimiento a la Política de Gobierno con el objetivo de revisar la consistencia entre ésta y la Estrategia Nacional de Cultura actuando como contrapeso del Ministerio de Cultura (en creación); (II) homologar el diseño institucional que ya ha sido adoptado para los sectores del Libro y la Lectura, la Música y el sector Audiovisual y constituir órganos colegiados para las artes escénicas y visuales. (III) revisar la ley orgánica propuesta para la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Si ya la institucionalidad de 2003 fue ineficaz en minimizar la ocurrencia de problemas de agencia y coordinación respecto a las políticas sobre el patrimonio, sería inexplicable que la nueva estructura mantuviera los mismos problemas.
  7. Fomentar la Educación cultural: La cultura debe incorporarse de manera más decidida en las bases curriculares, tanto en contenidos específicos como transversales, y tanto en horas lectivas como no lectivas. La evidencia indica que la exposición temprana a las artes y otras experiencias culturales estimula el gusto por las mismas, promoviendo así la formación de hábitos de participación cultural (los que a su vez redundan en una mayor creación artística). La inversión pública en la educación artística es por tanto no solo justa sino también eficiente, al representar un estímulo de la demanda (asistencia) y oferta (creación) artísticas en el futuro.
  8. Aumentar las instancias de participación comunitaria para el cuidado y mejoramiento de espacios públicos: Creemos necesario estimular el voluntariado para gestionar espacios culturales a nivel local. Esta forma de participación ciudadana permitiría no sólo disminuir los recursos orientados a la gestión de los espacios (y de esa manera, para cada nivel de presupuesto, aumentar el alcance de los mismos) sino también aumentar el sentido de apropiación de los mismos por parte de la comunidad. Esta fórmula ha sido destacada recientemente en una evaluación social de la Red de Bibliotecas Públicas20 y proponemos que sea testeada con programas piloto en la red de museos públicos (DIBAM), el sistema de bibliotecas públicas y la red de centros culturales.
  9. Mejorar la calidad de la Televisión Pública: Se requiere con urgencia que Televisión Nacional de Chile redefina su rumbo y reconozca la necesidad de mejorar la calidad de sus contenidos, arriesgando con nuevos formatos, innovando en tecnología y siendo coherente con los objetivos de informar, educar y entretener.
  10. Modernizar el ordenamiento legal sobre la conservación patrimonial: Las debilidades normativas radican en la antigüedad de leyes y reglamentos. Asimismo, existe duplicidad de fuentes normativas en estas materias, pues algunas están radicadas a nivel municipal y otras ejercen un rol regulador a nivel nacional (por ejemplo, las municipalidades regulan las zonas típicas mientras que la declaratoria de zonas de conservación histórica y monumentos nacionales es competencia del CMN y la Ley de Monumentos Nacionales).
  11. Diseñar un conjunto de instrumentos para evitar que los “rayados” sigan dañando la infraestructura de interés patrimonial: Nos referimos a una actitud de vandalismo, que distinguimos claramente de los llamados graffitis artísticos que también existen y que podrían incluso ser promovidos de manera regulada en determinados lugares. Nuestro partido sostiene que cuando se trata de cuidar lo que es de todos, debe mezclarse la necesaria apuesta de largo plazo representada por la educación y la integración social a nivel de barrio, con sanciones legales (pecuniarias e incluso privativas de libertad).