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Prohibición de cargar pagos automáticos sobre dineros provenientes de ayudas sociales

Pilar MaulénMayo 31, 2020

El 26 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, prohibiendo a los bancos e instituciones financieras aplicar descuentos por pagos automáticos pactados, sobre fondos que ingresen a las cuentas bancarias y que las personas reciban por concepto de ayuda social, en el contexto de un Estado de Catástrofe y por el tiempo que dure la vigencia de dicho Estado de Excepción Constitucional.

Sin perjuicio de contar con un apoyo político transversal, esta iniciativa ya ha sido objeto de cuestionamientos pues de ser aprobada con su tenor original tendrá una compleja aplicación, corriendo el riesgo de que ni siquiera pueda aplicarse los subsidios o bonos otorgados durante esta pandemia.

En lo personal me preocupa que el proyecto no se haga cargo de establecer un mecanismo para determinar el origen de los fondos que ingresen a las cuentas bancarias. De ser así, si una persona recibe una suma en efectivo y posteriormente la deposita en su cuenta personal, no resultaría extraño que el banco aplique los pagos automáticos pactados convirtiéndose –como siempre- en una carga para el titular de la cuenta el acreditar el origen social del dinero. Quedará entonces a voluntad de cada banco establecer un mecanismo administrativo para reclamar de estas situaciones, sin que en la práctica se consiga por este medio el correspondiente reembolso y debiendo necesariamente llevar el asunto ante tribunales. Todos costos asumidos por el consumidor.

Otra preocupación deviene de la circunstancia de que el proyecto no es claro en establecer que tendrá efecto respecto de pagos automáticos pactados con anterioridad a la publicación de la ley, de manera que de permanecer el texto original la prohibición para los bancos sólo tendría aplicación para Estados de Catástrofe decretados en el futuro, no cumpliendo con su objetivo de resguardar las ayudas sociales destinadas a solventar las necesidades más básicas de las familias hoy.

Cierto es que la irretroactividad de las leyes constituye una representación de la garantía constitucional del Derecho de Propiedad, pero en el caso de establecerse legalmente la aplicación de esta prohibición respecto de pagos automáticos pactados con anterioridad a su publicación, no debe entenderse que se conculca dicha garantía constitucional puesto las obligaciones no se extinguirán, simplemente no podrán pagarse con determinados fondos que el Estado ha dispuesto con miras al interés general de la Nación.

Columna original: Enlace

Pilar Maulén
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Abogada y Pro Secretaria Partido Ciudadanos.

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