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Falta poco para que Chile pueda escribir una nueva constitución, por eso #YoApruebo 

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Ciudadanos Somos Todos

Mientras Calama cumple su quinta semana de confinamiento y Antofagasta la tercera, los números de nuestra región siguen siendo desalentadores y la visión respecto al actuar de la autoridad está marcada por un alto grado de desconfianza. El miedo de que resurja el prematuro triunfalismo del Gobierno sigue latente, y los expertos concuerdan en que desde el punto de vista sanitario, las cuarentenas en las comunas de la región deben extenderse. Lamentablemente, la mera extensión del confinamiento no será suficiente si no va acompañada de otras medidas, tanto sanitarias como económicas.

Chile parecía correr con ventaja en esta lucha contra el Coronavirus. Tuvimos meses para mirar la experiencia de otros países, adelantarnos y evitar el contagio comunitario, para mejorar no solo la capacidad de la red de atención crítica, sino que tomar medidas que permitieran la adecuada trazabilidad y aislamiento de casos confirmados y probables. Pero no fue así. Recién el 22 de junio, la Atención Primaria de Salud de Antofagasta pudo tomar la posta del proceso de trazabilidad, uno de los pilares fundamentales para superar esta pandemia.

La confianza en la autoridad y en las medidas que se adoptan es un elemento fundamental para superar una crisis como esta, pero es especialmente difícil confiar en quien parece actuar constantemente tarde, casi a regañadientes, y culpando a la ciudadanía de la limitada efectividad de las medidas tomadas. En este sentido, el historial del Gobierno en la región es más bien negativo. La primera cuarentena impuesta sobre nuestra comuna se levantó tras 24 días de duración, a pesar de que a esa fecha existían cientos de exámenes PCR pendientes de ser procesados. La propia SEREMI de salud reconoce que los resultados del primer confinamiento no fueron del todo satisfactorios. La segunda cuarentena fue decretada con casi siete mil contagios en la región, con un 93% de ocupación de camas críticas y sólo después de que el Subsecretario de Redes Asistenciales fuera instruido a viajar a la región para verificar in situ lo que estaba ocurriendo. Claramente no existió un enfoque preventivo, ni parece aún existir.

¿Qué pasó con las autoridades locales en el período entre cuarentenas?, ¿Por qué fue necesario que alguien viajara desde Santiago para conocer la realidad local y decretar un segundo confinamiento? Parecen haber dos respuestas posibles: o las voces de alerta de las autoridades del Gobierno local, devenidas en nuncios, no fueron consideradas por el nivel central; o bien, las autoridades locales no hicieron el trabajo de comunicar la situación de nuestra región. El histórico centralismo de nuestro país, hace pensar más bien en lo primero, pero la forma que ha tenido el oficialismo de enfrentar esta y otras crisis, hace imposible descartar la segunda de las posibilidades.

Las dos opciones son desesperanzadoras, y es que mientras el gobierno central no empodere realmente a las autoridades locales frente al manejo de la crisis -tanto respecto a estrategias de testeo y trazabilidad como de aislamiento- y no se considere el diagnóstico y opinión de expertos y de la comunidad local, estamos condenados a seguir enfrentando la pandemia al compás que dicte Santiago, tal como lamentablemente hemos hecho hasta ahora.

El estado crítico de la legitimidad de nuestro sistema de pensiones, reflejado en la polémica sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales, evidencia, una vez más, cuán necesarios son los cambios profundos en la materia.

Sin embargo, vemos que ni las reformas más cautas han sido posibles, por causa de una dinámica reiterativa: el mundo de las AFP y los sectores políticos afines llevan años declarando que hoy aprobarían la reforma del año anterior, a la que entonces se opusieron con uñas y dientes, mientras hacen lo mismo en la coyuntura actual. Este es un camino que, sumado a la tardanza y falta de coraje político de los gobiernos, nos ha llevado a propuestas crecientemente dañinas, como la expropiación de fondos, en un formato similar al de Argentina.

Un punto de partida para salir de este círculo vicioso sería la reforma que duerme en el Congreso. Recordemos que, entre varios importantes cambios, ésta convierte el sistema individual en uno mixto, a través de un incipiente pilar de reparto, cuyo crecimiento hacia el futuro debiera complementarse gradualmente con recursos fiscales. También se propone la creación de una nueva agencia pública, que estará encargada de recaudar y administrar un 3% adicional de cotización, licitando carteras a gestores de inversión, para luego sumar lo ganado a las pensiones.

La oportunidad radica en que este esquema de captador único y mercado de gestores de inversión, surgido a través de la negociación entre el gobierno y la Democracia Cristiana, bien puede extenderse paulatinamente para recaudar también el 10% que hoy va a las AFP, reemplazándolas en la práctica. Ese es el mismo esquema que propuso Andrés Velasco en 2017 y que podría poner fin al actual sistema de AFP, con todo el peso simbólico, político e histórico que ello implica.

En este nuevo marco, como sociedad nos ahorraríamos el peso de vendedores y marketing del sistema previsional, y veríamos competencia entre gestores, que hoy no vemos entre las AFP. Pero, más importante que dichas eficiencias, sería el giro hacia un sistema público que esté en mejores condiciones de dar garantías a las personas, ya convencidas de que ceder la administración de sus futuras pensiones a actores privados, que buscan más su propia rentabilidad que la de los cotizantes, es una mala idea.

También sería un demoledor golpe a la cátedra de parte de un presidente percibido como favorable a las empresas, quien podría salir del actual agujero político, construyendo de paso un potente legado en esta materia. Y, lo que es fundamental, la ciudadanía vería, por fin, el acto sacrificial por parte de la élite político-económica que ha estado esperando desde octubre, lo que destensionaría el ambiente de cara a la discusión de la nueva Constitución. En Ciudadanos no tenemos dudas de que la cancha está lista para un amplio acuerdo en esta dirección.

En plena discusión se encuentra la posibilidad de utilizar los ahorros previsionales como una herramienta más para enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia que nos afecta. Incluso, existe la propuesta concreta, que suma adeptos día a día, de liberar un 10% de dichos ahorros para que las personas puedan disponer libremente de ellos, en caso de necesitarlos. Pero como suele suceder, la discusión se conduce desde extremos bastante cerrados a la divergencia, que no parecen estar evaluando la situación en todos sus bemoles.

Primero, otorguémosle un punto a quienes se oponen a tal idea: utilizar fondos previsionales como recurso disponible para darle un alivio a las familias durante una crisis económica normal, es demasiado costoso y muy poco efectivo si el objetivo es ayudar principalmente a quienes más lo necesitan. Y es que cada peso retirado años antes de jubilar implica dejar de tener más que ese peso a la hora de la jubilación. Es pan para hoy a cambio de varios panes menos para mañana. Y si consideramos que a lo largo de la vida laboral viviremos varias crisis económicas, hacer costumbre el retiro, cada cierto número de años, de parte de los ahorros previsionales, terminará aniquilando las pensiones futuras. En estas circunstancias, siempre será mejor un aporte público, incluso a costa de deuda, para satisfacer las urgencias inmediatas derivadas de una crisis.

Por otra parte, además de costosa, la medida es poco efectiva justamente por las falencias de nuestro sistema previsional: los ahorros están concentrados generalmente en quienes tienen mayores ingresos, pero no sólo por causa de los ingresos. También por lagunas de empleabilidad, formalidad de los empleos y diferente capacidad de ahorro previsional voluntario. Quienes ganan más, suelen ahorrar mucho más en el largo plazo. Por ello, facultar el retiro de un 10% de las pensiones, sería entregar un aporte muy significativo a quienes tienen más, y muy pequeño o incluso nulo, a quienes tienen menos y viven las mayores urgencias (desde el desempleo hasta el hambre). Otra razón, sin duda, para privilegiar aportes públicos de origen tributario. Por último, si se piensa en posteriormente devolver los ahorros retirados, el aporte público diferenciado sería nuevamente favorable para quienes tienen más.

En las antípodas, atendiendo a los argumentos de quienes están a favor de retirar parte de las pensiones, habría que concederles que esta no es una crisis económica normal. La pandemia es global, y es la mayor en impacto sanitario, social y económico en al menos un siglo. Uno pudiera esgrimir el argumento de que por única vez en nuestras vidas, se justifican medidas extraordinarias. Y si bien por lo explicado antes, los ahorros de las pensiones son un pésimo lugar desde el cual obtener dinero para la supervivencia de quienes más lo necesitan, bien puede ser un lugar mejor que obtener recursos de fondos destinados a la recuperación económica, una vez que hayamos pasado lo peor de la pandemia, sobre todo si Chile ya está llegando a niveles peligrosos de deuda. La medida propuesta puede constituir una ayuda efectiva para ciertas personas de clase media, que estén dispuestas a luego devolver esos recursos obtenidos con cargo a sus propios ahorros, o a posponer su jubilación, en la línea de lo propuesto por Joseph Ramos.

Lo importante es que no cualquier forma de usar los ahorros previsionales es positiva. La mayoría de sus posibles usos en la actual emergencia podría generar más daño que bien. Pero por la envergadura de la crisis, debemos estar abiertos a utilizar el recurso o, al menos, a conversar sobre el tema sin tapujos. El cerrarse a todo evento, sólo logra deslegitimar aún más el sentido de propiedad que las personas tienen en relación a sus ahorros previsionales. Entre no poder utilizarlos para nada cuando más se necesitan y darlos completamente por perdidos, hay un solo paso que abre la puerta a modelos populistas y dañinos a corto, mediano y largo plazo. Y en tiempos en que Chile, tal como buena parte del mundo, verá mayores niveles de deuda pública, eso es lo que menos necesitamos. Una discusión más abierta y honesta, en cambio, puede ser útil para encontrar mejores soluciones a la urgencia que hoy nos asola, sin hipotecar nuestro futuro más allá de lo conveniente.

Un sondeo de salud mental en tiempos de Covid-19 reveló que un 79,5% de los encuestados cree que la pandemia ha afectado negativamente las emociones en su entorno cercano. A su vez, un 56% dice haber sentido ansiedad y un 54,1% frustración por lo que estamos enfrentando. Todo esto enmarcado en un contexto previo, pues nuestro país ocupa un poco auspicioso segundo lugar en tasa de suicidios dentro de los países del OCDE.

La emergencia sanitaria a la que prolongadamente nos enfrentamos, ha traído en Chile varias complicaciones anexas, y una de las más preocupantes es el estado de la salud mental de las personas. En la misma medida en que han aumentado la cantidad de contagiados y las cuarentenas, también lo han hecho el estrés, la ansiedad y la depresión, que se han empinado en una peligrosa curva pandémica.

Un sondeo de salud mental en tiempos de Covid-19, realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reveló que un 79,5% de los encuestados cree que la pandemia ha afectado negativamente las emociones en su entorno cercano. A su vez, un 56% dice haber sentido ansiedad y un 54,1% frustración por lo que estamos enfrentando. Todo esto enmarcado en un contexto previo, pues en el año 2019 nuestro país ocupaba un poco auspicioso segundo lugar en tasa de suicidios dentro de los países del OCDE.

Los problemas de salud mental en nuestro país se originan en un conjunto de factores, algunos de los cuales dicen relación con la profunda desigualdad que nos caracteriza como sociedad, que lamentablemente se ha acentuado durante esta pandemia.

Las condiciones de vida de las personas se ven fuertemente afectadas por factores como los siguientes: entornos de alta vulnerabilidad y violencia; viviendas que facilitan el hacinamiento; falta de áreas verdes; familias y entornos cercanos disfuncionales; acceso deficiente a salud, educación y a pensiones de estándares dignos, entre otros. Por si fuera poco, las trabas e ineficiencias de la salud pública colaboran con que no se generen las condiciones para la atención oportuna, sistemática y adecuada de cada paciente afectado por una dolencia o trastorno de este orden.

Actualmente, el Estado de Chile presenta una deuda histórica con la salud mental, reflejada de manera concreta en el presupuesto asignado a esta área, que es de apenas un 2,1% del presupuesto total de salud: tres veces menos de lo recomendado por la OCDE.

El sistema de salud comunitario existente requiere, de manera muy urgente, una actualización que sitúe como principales pilares los derechos humanos, la descentralización y la aceptación de la interculturalidad del nuevo Chile, así como de sus múltiples modos de vida. Además, urge dejar de tratar las patologías desde el síntoma, para comenzar a abordarlas de forma estructural, desde la base de una política pública que se adapte a la realidad que se enfrenta a diario en la Atención Primaria de Salud (APS), tanto como considerando las problemáticas sociales que viven y seguirán viviendo los ciudadanos durante la pandemia, y luego en la profunda crisis económica que ya comienza a manifestarse con crudeza.

Fuente: El Desconcierto

El paquete de medidas para la clase media propuesto por el gobierno busca entregar ayuda a sectores que normalmente están fuera del alcance de las políticas solidarias del Estado, y que hoy sufren -como la mayoría de los chilenos- las secuelas sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. A grosso modo, que la ayuda entregada a las personas en situación de vulnerabilidad sea a través de transferencias directas, y que a la clase media se la apoye por la vía del acceso a créditos blandos, suena razonable.

Sin embargo, en un Chile profundamente desigual, que ha fallado en garantizar derechos sociales básicos con estándares de calidad y en donde la llamada clase media es muy diversa, el acceso al crédito, que podría tener sentido para una clase media alta con capacidad de deuda, no lo tiene en esta contingencia. La clase media, en general, tiene hoy un elevadísimo nivel de endeudamiento, que es mayor justamente en la parte más alta de ese gran y variopinto segmento. Por ello, para buena parte de quiénes tenían ingresos mayores al promedio nacional antes de esta crisis, y que hoy lo están pasando muy mal pues sus ingresos se redujeron o desaparecieron, este nuevo paquete de medidas solo viene a contribuir con el aumento de la deuda.

El mayor gasto público para satisfacer de manera directa las urgencias de las personas implica mayor deuda pública. Que eso tiene importantes consecuencias para nuestro futuro, es innegable; pero evitar aumentar la deuda pública a costa de ofrecerle créditos a familias que hoy están más endeudadas que el Estado, no parece ser una vía justa.

Es cierto que no hay soluciones simples para la situación actual, ya que cada alternativa tiene costos elevados. Tanto los aportes directos (créditos blandos o la posibilidad de acceder a los ahorros de pensiones) como los indirectos (aumento de la deuda pública, que la generación de los millennials pagará mediante impuestos) acarrean repercusiones invariablemente dolorosas para las personas.

Desde el mundo liberal sostenemos que, frente a la complejidad de la situación, pareciera ser mejor poner a disposición de la ciudadanía un amplio rango de alternativas entre las cuales puedan escoger, dejando en claro las ventajas y desventajas de cada una, según la propia situación y realidad. Esta sería una fórmula equilibrada para distribuir el costo de la pandemia, evitando que sea asumido solo por la ciudadanía, como ocurrió con el uso del seguro de cesantía. El rol del Estado en una crisis de estas proporciones, no solo es pertinente sino indispensable, más aún cuando se ha incumplido una promesa de prosperidad realizada a la clase media, parte del malestar y el descontento que condujeron al estallido social.

María Ignacia Gómez y Rodrigo Rettig
Presidenta y Secretario General partido Ciudadanos

Fuente: El Mostrador

Durante esta crisis sanitaria mundial, hemos visto cómo el papel de la mujer ha sido dual. Por un lado, enaltecido en liderazgos como los de Angela Merkel y Jacinda Ardern, que en Alemania y Nueva Zelandia, respectivamente, han manejado de manera admirable la pandemia, y por otro, invisibilizado, especialmente en la falta de corresponsabilidad en las labores del hogar y la crianza, temas de calidad de vida, salud mental y, cómo no, violencia.

En Chile, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado más de un 70% en los últimos meses. Y es que la cuarentena obligatoria ha forzado a muchas mujeres víctimas de esta realidad, a convivir, sin tregua ni respiro, con su agresor. Pese a que a raíz de esto el gobierno reforzó el programa de acompañamiento a mujeres que sufren violencia, este no ha sido capaz de dar respuesta real a este drama.

La integridad física de las mujeres, muchas de las cuales son jefas de hogar, es un aspecto fundamental, pero no lo es menos su salud mental. Los efectos psicológicos que ha provocado la pandemia son devastadores. Según un reportaje de investigación de un medio digital, miles de mujeres están sufriendo cuadros ansiosos, depresivos y obsesivos, entre otros, no solo por el estrés, el cansancio o la incertidumbre de un futuro que no se ve auspicioso, sino también por una evidente carencia de representatividad en liderazgos políticos o de otra índole, que transmitan seguridad y empatía.

¿Cómo es posible que representantes femeninas del Congreso hayan rechazado tajantemente el proyecto de posnatal de emergencia? ¿Tiene sentido que la Ministra de la Mujer esté prácticamente en silencio, cuando son cientos de problemas los que nos afectan?

Durante años avanzamos en medidas que redujeron las brechas de género, de lo cual nos sentimos tremendamente orgullosas; sin embargo, hoy todo indica que hemos retrocedido. La planificación de la pandemia ha relegado las necesidades de la mujer a la última prioridad, obviando que cumplen roles fundamentales en sus comunidades, ya sea como dirigentas vecinales, organizadoras de ollas comunes, jefas de hogar, madres, trabajadoras. Todas tareas cruciales para el funcionamiento de la sociedad.

Ante este escenario, cuesta ser optimista. Solo resta esperar que en un futuro tengamos la capacidad de elegir representantes que hagan suyas nuestras demandas, y que ante cualquier escenario, por complejo que sea, puedan ser capaces de empatizar y luchar por las causas y dolores que permanentemente nos aquejan y nos convierten en un grupo vulnerable.

Fuente: El Mostrador

En las últimas semanas hemos sido testigos de la indignación manifestada por algunos abogados, a través de un profuso carteo en un conocido medio nacional, originada por la sentencia del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, que acogió una demanda de reclamación de maternidad y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación inscribir a un hijo de pareja homoparental. La pareja en cuestión contaba con un Acuerdo de Unión Civil previo y había concebido al niño a través de reproducción asistida. Con esto, el Estado de Chile reconocía, por primera vez, la existencia de un hijo con dos madres.

Quienes no concuerdan con el fallo, argumentan, sin referirse al fondo de la sentencia, que se trataría de una colusión procesal, puesto que la pareja habría acordado simular una controversia en pos de conseguir el objetivo logrado. Para estos detractores de la decisión judicial, explorar las vías que el ordenamiento legal contempla para resguardar nuestros derechos, sería fraudulento. Señalan, asimismo, que el fallo habría vulnerado el sistema legal chileno, que solo reconoce a un padre y una madre, con lo que asemejan el caso a los proyectos inconstitucionales tramitados últimamente en el Congreso.

Al respecto, no deja de impresionar que -tratándose de un fallo que en sus 27 páginas de extensión, no deja ningún cabo suelto en cuanto al sustento normativo en que se fundó la decisión de acoger la reclamación de maternidad- abogados de gran prestigio profesional se hayan limitado a desacreditar la labor de la jueza y de la defensa de las partes, argumentando una conspiración puramente imaginaria.

Lamentablemente, poco se ha dicho sobre el fondo de esta sentencia que, en una situación de vacío legal, recurre a los principios de la igualdad de derechos e interés superior del niño, reconocidos expresamente en documentos como la Constitución, Código Civil, Convención de los Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

Nuestra Constitución señala que la familia es el núcleo de la sociedad y que es deber del Estado protegerla, pero lo cierto es que no define lo que se entiende por familia. De este vacío se hace cargo fundamentalmente la sentencia, analizando las definiciones legales existentes en Chile y en Tratados Internacionales que obligan a nuestro país, en los cuales se supera la idea de familia como matrimonio entre un hombre y una mujer, para avanzar a una idea más amplia. Señala la sentencia que: “Evidencia el carácter dinámico del concepto de familia, la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorporando un concepto de familia y definiéndolo como un núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos”. El texto apunta en el mismo sentido de la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil.

Por otra parte, ya en el siglo pasado se legisló en Chile para eliminar las diferencias entre los hijos matrimoniales y aquellos nacidos fuera del matrimonio, de manera que el artículo 33 del Código Civil dispone que todos los hijos son iguales ante la ley. Esto tiene una gran relevancia, pues de impedirse que el niño sea reconocido por ambas madres, se estaría incurriendo en una discriminación arbitraria y en una privación de derechos. El niño en cuestión no podría, por ejemplo, ser heredero; ser beneficiario en el sistema de salud privada o pública; ser carga en el sistema de previsión social; acceder a sala cuna financiada por el empleador; ser beneficiario de seguros de salud complementarios; ser cuidado en caso de discapacidad o muerte; ser reconocido como hijo en los servicios de urgencia hospitalaria, con el riesgo de ser separado de sus figuras de apego; ser reconocido como hijo en el sistema escolar,  y así un largo etcétera.

Tratándose del primer reconocimiento en Chile de la legalidad de la filiación homoparental, nos permitimos pensar que el problema para algunos colegas no es realmente de carácter formal, sino más bien una reticencia a entender que el concepto de familia ha cambiado y que el ordenamiento jurídico actual protege dicha institución en sus diversas formas, en pos de la igualdad de derechos y el interés superior del niño.

Ignacia Gómez, Pilar Maulén, Rodrigo Rettig, Alejandro Fernández y Paola Cabezas, abogadas y abogados miembros del Partido Ciudadanos.

 

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Durante el transcurso de la pandemia nos hemos visto enfrentados a las diversas falencias de nuestro sistema de salud, pero hay una en particular, que a quienes trabajamos en el área, nos duele y preocupa: el debilitamiento progresivo de la atención en salud mental.

Como un modo de hacerse cargo de esta falencia, durante las últimas semanas el Rector de la Universidad de Chile, en conjunto con el Gobierno, pusieron en marcha un plan orientado a prestar apoyo y contención a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, en que los cuadros de dolencias psiquiátricas y/o psicológicas se agudizan o aparecen. La estrategia se vale de principios de territorialidad e intersectorialidad, focalizándose con fuerza en grupos vulnerables, personal del área de la salud, personas con patologías previas y contagiados con COVID-19. Para ello, se utiliza como principal mecanismo la Atención Primaria de Salud (APS), con sus programas de intervención psicosocial.

En el papel, el programa suena bien, pero como suele suceder, la teoría dista mucho de la realidad. Los bajísimos presupuestos del área de salud mental, que fomentan una precarización de las condiciones de los profesionales, sumado a una sobresaturación de la APS por la contingencia de la pandemia, han dado como resultado un plan que no aterriza adecuadamente en los contextos sociales y culturales de nuestro país. A esto hay que sumar que las consultas son online, lo cual deja fuera a un gran número de familias que no tienen acceso a recursos digitales y, por cierto, a los adultos mayores, que no manejan estas plataformas.

Para brindar un sistema de salud mental eficiente en estos tiempos, es fundamental, primero que todo, abordar las patologías de forma estructural, posibilitando una atención igualitaria y accesible para cualquier persona, sin mediar brechas generacionales o socioeconómicas. Se podría, por ejemplo, utilizar recursos que ya existen y que han sido exitosos, como la atención telefónica gratuita. El presupuesto destinado a los profesionales de esta área debiera, asimismo, ser fortalecido. Del mismo modo, habría que sumar nuevas contrataciones e invertir en infraestructura.

Una cosa es lo que sucede por vía remota durante la pandemia, pero una vez que esta haya quedado atrás, el número de pacientes con cuadros patológicos agravados por la actual situación, pacientes que suspendieron el tratamiento y nuevos pacientes aquejados por cuadros depresivos y ansiosos, requerirán de un robustecimiento del sistema de salud mental que, desde ya, se debiera estar abordando.

En Francia, el actual lema estatal de la República que viene desde la época de la revolución, es libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la igualdad es tan relevante para ellos como la libertad. Y Francia no es Cuba o Venezuela. El problema con esta palabra nace cuando afiebrados regímenes en nombre de la igualdad mutilaron la libertad y, en consecuencia, generaron peor calidad de vida ahí donde quisieron mejorarla. La libertad y la igualdad no son valores contrapuestos, sino complementarios ya que son dos caras de una misma moneda que se llama justicia y quien pretenda construir justicia social, debiera atender a ambas virtudes. Esta es la madre de la discusión política, ya que tomar posición por una, la otra, o ponderar ambas, implica determinar cómo discurren prácticamente todas las políticas públicas que se aplican en un país.

Pero, ¿de qué igualdad se habla cuando uno la promueve? Esta palabra, junto a la libertad, son de aquéllas que tienen distintos significados y ello hace que sea de fácil caricaturización y de difícil comprensión el asunto sometido a análisis. Usted cuando promueve la libertad, ¿habla de la de tipo negativa (no interferencia) o positiva (capacidad de ejercerla)? ¿O ambas? Pues bien, en materia de igualdad, también existe esta disyuntiva. Hay que ponerle apellido a la igualdad, pero no cambiarle el nombre.

La igualdad que sería deseable promover y construir sobre ella, es la igualdad de todos en al menos algo, no de todos en todo. Nadie sensato debiera buscar que todos tengan un automóvil de una marca alemana o italiana en el frontis de la casa o que nadie tuviera un auto, sino que todos tengan iguales consideraciones de respeto, trato (ver concepto “Igualdad Democrática” de Elizabeth Anderson) y de condiciones de vida material. Y ojo, aquí se debe hablar de igualdad, no de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto. Hablar de equidad es admitir que la igualdad democrática, de consideración, ciudadanía y respeto, debiera ser objeto de un segundo análisis. ¿Cómo se entiende la igualdad democrática si cambiamos igualdad por equidad?

Asimismo, hablar de equidad en materia de Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales) implica desconocer su carácter de derechos fundamentales, lo que permite afectar la máxima de que la titularidad de ellos está por el solo hecho de ser persona (distinto es el problema de la provisión). No tiene sentido plantear que, por ejemplo, existe equidad y no igualdad de todos para poder ejercer la libertad de expresión. En nombre de la equidad, que es justicia al caso concreto, ¿podríamos suspender el ejercicio de la libertad de expresión de alguien producto de determinadas características o circunstancias? ¿Cómo conversa la equidad cuando se habla de derechos civiles y políticos? La verdad es que no tiene mayor sentido. ¿Porqué modificar la conclusión anterior en razón de los derechos sociales que son los que dotan de condiciones de vida material para ejercer genuinamente la libertad? Entonces, plantear equidad ahí donde debe haber igualdad, es confundir las dimensiones del análisis y optar por una palabra que sustrae el cuerpo al problema ya que en el nombre de la equidad se restringen o limitan derechos de acuerdo a las características del caso observado. En otras palabras, la equidad si bien deseable (sobre todo en materia jurídica), no es lo mismo que la igualdad en el lenguaje político, todo circunscrito evidentemente a un objetivo a largo plazo que permite progresividad, pero objetivo político al fin y al cabo.

Ahora bien, cuando se habla de condiciones de vida material nos referimos a ese conjunto de bienes primarios que permiten a los individuos poder desplegar su plan de vida de forma autónoma, sin atender al lugar en que nacieron o dónde desarrollaron su infancia. En este sentido, las condiciones de vida material aplicadas al caso concreto son los derechos a la salud, educación y seguridad social. Y aquí sí efectivamente quiero darle más consistencia a la palabra igualdad, por cuanto la problemática excede la igualdad de oportunidades, que como dijera Nils Christie en Los Límites del Dolor (1984): “es un arreglo perfectamente apropiado para transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración o fracaso”.

La igualdad de oportunidades permite desprenderse de analizar cuál fue el diseño en la carrera de la vida, quiénes dibujaron la pista y las posiciones ocupadas. Y si nos desprendiéramos del diseño y el resultado en materia de estos tres derechos, la crisis de octubre de 2019 no tendría mayor sentido. Todos los chilenos tienen la oportunidad de tener educación, salud y pensiones, pero el problema se presenta en el tiempo/acceso, calidad y eficiencia: salud que te permita vivir o ser atendido en tiempos dignos si no tienes recursos, educación que te permita competir si prescindes de medios económicos, y una pensión que permita tranquilidad a los adultos mayores.

Y, en esta dimensión, una lucha por igualdad pareciera tener más consistencia, le da más robustez a la problemática, que una lucha por igualdad de oportunidades y/o suficientarismo. Implica tener un grado de compromiso mucho mayor en la mejora de lo referido.

El profesor Agustín Squella en su libro que analiza esta palabra (“Igualdad” Universidad de Valparaíso, 2014) nos menciona que Pierre Rosanvallón en su célebre obra llamada “La Sociedad de los Iguales” explica que la carrera de la vida se asemeja bastante a lo que son las competencias deportivas identificándolas como “El Teatro de la Igualdad de Oportunidades”. Efectúa analogías explicando que en muchos deportes se complementa la igualdad de oportunidades o “igualdad de inicio”, precisamente para entregar más justicia a los resultados. Se cita a la carrera de 100 metros planos, en la cual no tan solo importa el punto de partida, sino que existe una cámara que determina el resultado, incluso después de ella existe el control antidopaje. Sumo a ello que en el básquetbol los equipos peores situados en el término de temporada, eligen primero en la siguiente a los jugadores de mejor rendimiento que vienen de las universidades, y así.

En consecuencia, para determinar la justicia de un contrato social, es relevante analizar no tan solo el lugar de dónde se parte, sino que también se debe atender a problemas de diseño y posiciones. Que te atiendan en un año una dolencia en el sistema de salud público versus al día siguiente en el sector privado contra el pago de sumas no menores de dinero, pareciera que no es tan solo un problema de oportunidades o de inicio.

Finalmente, el llamado es a no temerle a la palabra igualdad por culpa de fanáticos que en su nombre ahogaron la libertad haciendo a todos iguales en desdicha, sino que a tener un real compromiso por esta virtud, ponderándola prudencialmente con la palabra libertad, tal como se conjuga a ésta con la seguridad pública (menos libertad, más seguridad). Francia, país que si bien es cierto ha tenido sus problemas, ha demostrado que ambos objetivos son perfectamente aplicables en conjunto siendo incluso deseable hacerlo, tal como nos lo ilustrara uno de los filósofos políticos más relevantes del siglo XX, John Rawls, padre de la corriente llamada (vaya novedad) “liberalismo igualitario”.

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Para nadie es un misterio que este virus ha golpeado a toda la ciudadanía, pero de manera especialmente fuerte a los que menos tienen, a los de siempre, a los más vulnerables. El país está paralizado, y la fuerza laboral ha sentido más que nunca la soledad y el hambre.

El fútbol, igual que todas las actividades, también ha sido sacudido por la pandemia, y tal como en otros ámbitos, se espera que los privados con grandes espaldas den un ejemplo de generosidad que, hasta el momento, poco se ha visto.

En la mente de la ciudadanía, con razones entendibles, está que los futbolistas son todos millonarios y que no son afectados por tragedias de este tipo. Esa premisa es totalmente falsa, porque el grueso de los jugadores tiene los mismos problemas que cualquier otro trabajador de nuestro país. Por eso, hemos querido dar la pelea para que empleadores y empleados hagamos un esfuerzo conjunto por sacar adelante esta situación crítica. Si los clubes siguen recibiendo altas sumas de dinero por parte de la televisión y los sponsors, no parece lógico que se acojan a la Ley de protección del empleo y que sus trabajadores tengan que recurrir a sus seguros de cesantía. No hagan caja señores, los trabajadores de Chile no se lo merecen. Ellos son la fuerza que impulsa a este país.

Hoy, más que nunca, necesitamos que todas las voces sean escuchadas, incluido el gremio de jugadores de fútbol. Por ello, creemos que un acuerdo nacional debe enfocarse y hacerse cargo de las necesidades de todos los sectores, sin distinción. No hay que olvidar nunca que esa estabilidad financiera que ostentan y ostentarán, seguramente por generaciones, algunos empresarios y grupos económicos, es en gran parte producto del esfuerzo de los que hoy necesitan que les tiendan una mano. Y esto no es solo fútbol, son 200 años de una fuerza laboral que necesita que esas espaldas fuertes los carguen por un momento, hasta que puedan nuevamente ponerse al servicio del país.

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