Ciudadanos Somos Todos

En las últimas semanas hemos sido testigos de la indignación manifestada por algunos abogados, a través de un profuso carteo en un conocido medio nacional, originada por la sentencia del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, que acogió una demanda de reclamación de maternidad y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación inscribir a un hijo de pareja homoparental. La pareja en cuestión contaba con un Acuerdo de Unión Civil previo y había concebido al niño a través de reproducción asistida. Con esto, el Estado de Chile reconocía, por primera vez, la existencia de un hijo con dos madres.

Quienes no concuerdan con el fallo, argumentan, sin referirse al fondo de la sentencia, que se trataría de una colusión procesal, puesto que la pareja habría acordado simular una controversia en pos de conseguir el objetivo logrado. Para estos detractores de la decisión judicial, explorar las vías que el ordenamiento legal contempla para resguardar nuestros derechos, sería fraudulento. Señalan, asimismo, que el fallo habría vulnerado el sistema legal chileno, que solo reconoce a un padre y una madre, con lo que asemejan el caso a los proyectos inconstitucionales tramitados últimamente en el Congreso.

Al respecto, no deja de impresionar que -tratándose de un fallo que en sus 27 páginas de extensión, no deja ningún cabo suelto en cuanto al sustento normativo en que se fundó la decisión de acoger la reclamación de maternidad- abogados de gran prestigio profesional se hayan limitado a desacreditar la labor de la jueza y de la defensa de las partes, argumentando una conspiración puramente imaginaria.

Lamentablemente, poco se ha dicho sobre el fondo de esta sentencia que, en una situación de vacío legal, recurre a los principios de la igualdad de derechos e interés superior del niño, reconocidos expresamente en documentos como la Constitución, Código Civil, Convención de los Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

Nuestra Constitución señala que la familia es el núcleo de la sociedad y que es deber del Estado protegerla, pero lo cierto es que no define lo que se entiende por familia. De este vacío se hace cargo fundamentalmente la sentencia, analizando las definiciones legales existentes en Chile y en Tratados Internacionales que obligan a nuestro país, en los cuales se supera la idea de familia como matrimonio entre un hombre y una mujer, para avanzar a una idea más amplia. Señala la sentencia que: “Evidencia el carácter dinámico del concepto de familia, la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorporando un concepto de familia y definiéndolo como un núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos”. El texto apunta en el mismo sentido de la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil.

Por otra parte, ya en el siglo pasado se legisló en Chile para eliminar las diferencias entre los hijos matrimoniales y aquellos nacidos fuera del matrimonio, de manera que el artículo 33 del Código Civil dispone que todos los hijos son iguales ante la ley. Esto tiene una gran relevancia, pues de impedirse que el niño sea reconocido por ambas madres, se estaría incurriendo en una discriminación arbitraria y en una privación de derechos. El niño en cuestión no podría, por ejemplo, ser heredero; ser beneficiario en el sistema de salud privada o pública; ser carga en el sistema de previsión social; acceder a sala cuna financiada por el empleador; ser beneficiario de seguros de salud complementarios; ser cuidado en caso de discapacidad o muerte; ser reconocido como hijo en los servicios de urgencia hospitalaria, con el riesgo de ser separado de sus figuras de apego; ser reconocido como hijo en el sistema escolar,  y así un largo etcétera.

Tratándose del primer reconocimiento en Chile de la legalidad de la filiación homoparental, nos permitimos pensar que el problema para algunos colegas no es realmente de carácter formal, sino más bien una reticencia a entender que el concepto de familia ha cambiado y que el ordenamiento jurídico actual protege dicha institución en sus diversas formas, en pos de la igualdad de derechos y el interés superior del niño.

Ignacia Gómez, Pilar Maulén, Rodrigo Rettig, Alejandro Fernández y Paola Cabezas, abogadas y abogados miembros del Partido Ciudadanos.

 

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Durante el transcurso de la pandemia nos hemos visto enfrentados a las diversas falencias de nuestro sistema de salud, pero hay una en particular, que a quienes trabajamos en el área, nos duele y preocupa: el debilitamiento progresivo de la atención en salud mental.

Como un modo de hacerse cargo de esta falencia, durante las últimas semanas el Rector de la Universidad de Chile, en conjunto con el Gobierno, pusieron en marcha un plan orientado a prestar apoyo y contención a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, en que los cuadros de dolencias psiquiátricas y/o psicológicas se agudizan o aparecen. La estrategia se vale de principios de territorialidad e intersectorialidad, focalizándose con fuerza en grupos vulnerables, personal del área de la salud, personas con patologías previas y contagiados con COVID-19. Para ello, se utiliza como principal mecanismo la Atención Primaria de Salud (APS), con sus programas de intervención psicosocial.

En el papel, el programa suena bien, pero como suele suceder, la teoría dista mucho de la realidad. Los bajísimos presupuestos del área de salud mental, que fomentan una precarización de las condiciones de los profesionales, sumado a una sobresaturación de la APS por la contingencia de la pandemia, han dado como resultado un plan que no aterriza adecuadamente en los contextos sociales y culturales de nuestro país. A esto hay que sumar que las consultas son online, lo cual deja fuera a un gran número de familias que no tienen acceso a recursos digitales y, por cierto, a los adultos mayores, que no manejan estas plataformas.

Para brindar un sistema de salud mental eficiente en estos tiempos, es fundamental, primero que todo, abordar las patologías de forma estructural, posibilitando una atención igualitaria y accesible para cualquier persona, sin mediar brechas generacionales o socioeconómicas. Se podría, por ejemplo, utilizar recursos que ya existen y que han sido exitosos, como la atención telefónica gratuita. El presupuesto destinado a los profesionales de esta área debiera, asimismo, ser fortalecido. Del mismo modo, habría que sumar nuevas contrataciones e invertir en infraestructura.

Una cosa es lo que sucede por vía remota durante la pandemia, pero una vez que esta haya quedado atrás, el número de pacientes con cuadros patológicos agravados por la actual situación, pacientes que suspendieron el tratamiento y nuevos pacientes aquejados por cuadros depresivos y ansiosos, requerirán de un robustecimiento del sistema de salud mental que, desde ya, se debiera estar abordando.

En Francia, el actual lema estatal de la República que viene desde la época de la revolución, es libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la igualdad es tan relevante para ellos como la libertad. Y Francia no es Cuba o Venezuela. El problema con esta palabra nace cuando afiebrados regímenes en nombre de la igualdad mutilaron la libertad y, en consecuencia, generaron peor calidad de vida ahí donde quisieron mejorarla. La libertad y la igualdad no son valores contrapuestos, sino complementarios ya que son dos caras de una misma moneda que se llama justicia y quien pretenda construir justicia social, debiera atender a ambas virtudes. Esta es la madre de la discusión política, ya que tomar posición por una, la otra, o ponderar ambas, implica determinar cómo discurren prácticamente todas las políticas públicas que se aplican en un país.

Pero, ¿de qué igualdad se habla cuando uno la promueve? Esta palabra, junto a la libertad, son de aquéllas que tienen distintos significados y ello hace que sea de fácil caricaturización y de difícil comprensión el asunto sometido a análisis. Usted cuando promueve la libertad, ¿habla de la de tipo negativa (no interferencia) o positiva (capacidad de ejercerla)? ¿O ambas? Pues bien, en materia de igualdad, también existe esta disyuntiva. Hay que ponerle apellido a la igualdad, pero no cambiarle el nombre.

La igualdad que sería deseable promover y construir sobre ella, es la igualdad de todos en al menos algo, no de todos en todo. Nadie sensato debiera buscar que todos tengan un automóvil de una marca alemana o italiana en el frontis de la casa o que nadie tuviera un auto, sino que todos tengan iguales consideraciones de respeto, trato (ver concepto “Igualdad Democrática” de Elizabeth Anderson) y de condiciones de vida material. Y ojo, aquí se debe hablar de igualdad, no de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto. Hablar de equidad es admitir que la igualdad democrática, de consideración, ciudadanía y respeto, debiera ser objeto de un segundo análisis. ¿Cómo se entiende la igualdad democrática si cambiamos igualdad por equidad?

Asimismo, hablar de equidad en materia de Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales) implica desconocer su carácter de derechos fundamentales, lo que permite afectar la máxima de que la titularidad de ellos está por el solo hecho de ser persona (distinto es el problema de la provisión). No tiene sentido plantear que, por ejemplo, existe equidad y no igualdad de todos para poder ejercer la libertad de expresión. En nombre de la equidad, que es justicia al caso concreto, ¿podríamos suspender el ejercicio de la libertad de expresión de alguien producto de determinadas características o circunstancias? ¿Cómo conversa la equidad cuando se habla de derechos civiles y políticos? La verdad es que no tiene mayor sentido. ¿Porqué modificar la conclusión anterior en razón de los derechos sociales que son los que dotan de condiciones de vida material para ejercer genuinamente la libertad? Entonces, plantear equidad ahí donde debe haber igualdad, es confundir las dimensiones del análisis y optar por una palabra que sustrae el cuerpo al problema ya que en el nombre de la equidad se restringen o limitan derechos de acuerdo a las características del caso observado. En otras palabras, la equidad si bien deseable (sobre todo en materia jurídica), no es lo mismo que la igualdad en el lenguaje político, todo circunscrito evidentemente a un objetivo a largo plazo que permite progresividad, pero objetivo político al fin y al cabo.

Ahora bien, cuando se habla de condiciones de vida material nos referimos a ese conjunto de bienes primarios que permiten a los individuos poder desplegar su plan de vida de forma autónoma, sin atender al lugar en que nacieron o dónde desarrollaron su infancia. En este sentido, las condiciones de vida material aplicadas al caso concreto son los derechos a la salud, educación y seguridad social. Y aquí sí efectivamente quiero darle más consistencia a la palabra igualdad, por cuanto la problemática excede la igualdad de oportunidades, que como dijera Nils Christie en Los Límites del Dolor (1984): “es un arreglo perfectamente apropiado para transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración o fracaso”.

La igualdad de oportunidades permite desprenderse de analizar cuál fue el diseño en la carrera de la vida, quiénes dibujaron la pista y las posiciones ocupadas. Y si nos desprendiéramos del diseño y el resultado en materia de estos tres derechos, la crisis de octubre de 2019 no tendría mayor sentido. Todos los chilenos tienen la oportunidad de tener educación, salud y pensiones, pero el problema se presenta en el tiempo/acceso, calidad y eficiencia: salud que te permita vivir o ser atendido en tiempos dignos si no tienes recursos, educación que te permita competir si prescindes de medios económicos, y una pensión que permita tranquilidad a los adultos mayores.

Y, en esta dimensión, una lucha por igualdad pareciera tener más consistencia, le da más robustez a la problemática, que una lucha por igualdad de oportunidades y/o suficientarismo. Implica tener un grado de compromiso mucho mayor en la mejora de lo referido.

El profesor Agustín Squella en su libro que analiza esta palabra (“Igualdad” Universidad de Valparaíso, 2014) nos menciona que Pierre Rosanvallón en su célebre obra llamada “La Sociedad de los Iguales” explica que la carrera de la vida se asemeja bastante a lo que son las competencias deportivas identificándolas como “El Teatro de la Igualdad de Oportunidades”. Efectúa analogías explicando que en muchos deportes se complementa la igualdad de oportunidades o “igualdad de inicio”, precisamente para entregar más justicia a los resultados. Se cita a la carrera de 100 metros planos, en la cual no tan solo importa el punto de partida, sino que existe una cámara que determina el resultado, incluso después de ella existe el control antidopaje. Sumo a ello que en el básquetbol los equipos peores situados en el término de temporada, eligen primero en la siguiente a los jugadores de mejor rendimiento que vienen de las universidades, y así.

En consecuencia, para determinar la justicia de un contrato social, es relevante analizar no tan solo el lugar de dónde se parte, sino que también se debe atender a problemas de diseño y posiciones. Que te atiendan en un año una dolencia en el sistema de salud público versus al día siguiente en el sector privado contra el pago de sumas no menores de dinero, pareciera que no es tan solo un problema de oportunidades o de inicio.

Finalmente, el llamado es a no temerle a la palabra igualdad por culpa de fanáticos que en su nombre ahogaron la libertad haciendo a todos iguales en desdicha, sino que a tener un real compromiso por esta virtud, ponderándola prudencialmente con la palabra libertad, tal como se conjuga a ésta con la seguridad pública (menos libertad, más seguridad). Francia, país que si bien es cierto ha tenido sus problemas, ha demostrado que ambos objetivos son perfectamente aplicables en conjunto siendo incluso deseable hacerlo, tal como nos lo ilustrara uno de los filósofos políticos más relevantes del siglo XX, John Rawls, padre de la corriente llamada (vaya novedad) “liberalismo igualitario”.

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El 26 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, prohibiendo a los bancos e instituciones financieras aplicar descuentos por pagos automáticos pactados, sobre fondos que ingresen a las cuentas bancarias y que las personas reciban por concepto de ayuda social, en el contexto de un Estado de Catástrofe y por el tiempo que dure la vigencia de dicho Estado de Excepción Constitucional.

Sin perjuicio de contar con un apoyo político transversal, esta iniciativa ya ha sido objeto de cuestionamientos pues de ser aprobada con su tenor original tendrá una compleja aplicación, corriendo el riesgo de que ni siquiera pueda aplicarse los subsidios o bonos otorgados durante esta pandemia.

En lo personal me preocupa que el proyecto no se haga cargo de establecer un mecanismo para determinar el origen de los fondos que ingresen a las cuentas bancarias. De ser así, si una persona recibe una suma en efectivo y posteriormente la deposita en su cuenta personal, no resultaría extraño que el banco aplique los pagos automáticos pactados convirtiéndose –como siempre- en una carga para el titular de la cuenta el acreditar el origen social del dinero. Quedará entonces a voluntad de cada banco establecer un mecanismo administrativo para reclamar de estas situaciones, sin que en la práctica se consiga por este medio el correspondiente reembolso y debiendo necesariamente llevar el asunto ante tribunales. Todos costos asumidos por el consumidor.

Otra preocupación deviene de la circunstancia de que el proyecto no es claro en establecer que tendrá efecto respecto de pagos automáticos pactados con anterioridad a la publicación de la ley, de manera que de permanecer el texto original la prohibición para los bancos sólo tendría aplicación para Estados de Catástrofe decretados en el futuro, no cumpliendo con su objetivo de resguardar las ayudas sociales destinadas a solventar las necesidades más básicas de las familias hoy.

Cierto es que la irretroactividad de las leyes constituye una representación de la garantía constitucional del Derecho de Propiedad, pero en el caso de establecerse legalmente la aplicación de esta prohibición respecto de pagos automáticos pactados con anterioridad a su publicación, no debe entenderse que se conculca dicha garantía constitucional puesto las obligaciones no se extinguirán, simplemente no podrán pagarse con determinados fondos que el Estado ha dispuesto con miras al interés general de la Nación.

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El proyecto TV Educa Chile constituye un gran avance para la educación nacional. No solo por el estado actual de la pandemia, sino también porque es un paso acertado para poder cambiar, aunque sea en parte, la forma de enseñar. Es bien conocida en el mundo de la educación la frase: “tenemos estudiantes del siglo XXI, con profesores del siglo XX y escuelas del siglo XIX”.

Sin embargo, pese a lo loable de la iniciativa, persiste el riesgo de quedarse en los grandes números y no reparar en las desviaciones del promedio. Hablamos de esos grupos que los especialistas a veces ignoran. Los mismos que, muchas veces por falta de iniciativa del Estado, ven violados sus derechos humanos a la educación, y a los que a veces simplemente se les trata como ciudadanos de segunda categoría.

Los desastres naturales siempre centran la mirada del gran público y de las autoridades en las grandes urbes, olvidando los poblados rurales y sectores más alejados. Incluso, los mismos avances tecnológicos nos hacen olvidar que ese mundo paralelo existe. En lo particular, si bien TV Educa Chile es un indiscutible e interesante avance tecnológico, ignora la realidad rural y hace caso omiso de que incluso en la Región Metropolitana hay comunas en las que la televisión digital es un concepto abstracto.

Este mundo ya fue suficientemente castigado por la imposibilidad de realizar clases online, dada su falta de conectividad, y no merece volver al rincón de la negación con los avances que se hagan de aquí a futuro. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y como reitera la OCDE en sus múltiples textos, un sistema escolar es tan fuerte como lo son sus estudiantes más desaventajados. Y aquellos, en nuestro país, se concentran en el campo.

Nuevamente reconociendo el gran proyecto de TV Educa Chile, desde el mundo liberal proponemos que el contenido de este canal sea de acceso público y masivo, a lo largo y ancho de todo el país, para lo cual una alternativa podría ser articular acuerdos públicos-privados con el objetivo de encontrar fórmulas colaborativas que permitan transmitir el contenido a través de la televisión abierta. Así, ningún niño será tratado como un ciudadano de menor valor.

 

Fuente original: La Tercera

La pandemia del Coronavirus COVID-19 ha hecho que la gran mayoría de los chilenos experimente en carne propia la angustia e incertidumbre con la que ha vivido en las últimas décadas la población de ingresos medios y bajos. Para nadie hay garantía de ser atendido con prontitud y debidamente si es contagiado con el virus o contar con una cama crítica si es que la enfermedad se complica. Muchos han tenido que pensar, también, cómo pagarán las deudas o el arriendo si pierden el trabajo, en caso de que las empresas en que se desempeñan no logren sobrevivir. Un escenario para nada improbable.

Esa experiencia de extrema vulnerabilidad, sin duda uno de los motores del movimiento social iniciado justo antes de esta crisis sanitaria, es hoy común y masiva. Por primera vez los chilenos, sin distinciones, tienen la sensación de estar a la deriva, siendo  testigos de cómo el Estado le ha “sugerido” a los supermercados no subir los precios de los insumos básicos, para poder enfrentar la crisis sin los vaivenes de la oferta y la demanda; cómo ha ideado maneras para que los empleadores no despidan sin más a sus trabajadores aduciendo razones de fuerza mayor; o cómo, no por las vías legales sino las de la buena voluntad, ha conseguido que las isapres aplacen tres meses el incremento del valor de sus planes. Las personas han visto cómo sus destinos financieros penden de la disposición de los bancos para postergar el pago de créditos hipotecarios, y han presenciado, asimismo, cómo el Presidente descarta la nacionalización parcial de empresas que eventualmente reciban dinero público para ser salvadas, porque le parece una propuesta ideologizada.

Se volvió innegable que el sistema en que operamos es individualista y está basado en la máxima del “sálvese quien pueda”. Del mismo modo y paradójicamente, la pandemia ha develado cuánto nos necesitamos unos a otros para salvarnos, para no hundirnos. Aparece con claridad la necesidad de repensar nuestra forma de convivir y relacionarnos, y es aquí donde la colaboración tiene la oportunidad de surgir como un paradigma de cambio.

Lo que caracteriza al paradigma de la colaboración y que lo distingue en su esencia del individualismo y también del asistencialismo, es que las problemáticas y desafíos -sociales, medioambientales, económicos, entre otros- se solucionan en conjunto, gracias a un actuar articulado de los diferentes sectores de la sociedad (público, privado, sociedad civil, academia y ciudadanía) y con una mirada de largo plazo.

Para que cualquier nuevo pacto funcione, bajo un paradigma colaborativo, necesita por sobre todo de lazos de confianza, precisamente uno de los más debilitados por el individualismo. Pero una buena forma de recuperar la confianza perdida es que los distintos sectores reconozcan cómo han contribuido a romper con su propia credibilidad y restablezcan o repiensen sus roles, deberes y responsabilidades hacia adelante. Por ejemplo, el Estado ha fallado en una arista básica inherente a su rol, esto es, la provisión de bienes públicos de calidad: salud, educación y pensiones. De ahí, lo fundamental de que todos los esfuerzos se focalicen en garantizar estos derechos, para superar la precariedad, la injusticia, y el sufrimiento humano que estas producen.

Otra característica del estilo colaborativo es que se basa en el diálogo, pero no en un simple intercambio de puntos de vista sino en una genuina apertura, que implica estar dispuesto a transformar la visión en pos de un bien común. En otras palabras, abrirse a la posibilidad de transformarse para transformar, aprovechando la riqueza que existe en la diversidad de ideas y perspectivas; sin miedo, sino más bien con el derecho, a equivocarse y a cambiar de opinión. Porque la realidad no es rígida sino dinámica, y las vías para hacerse cargo de sus problemáticas, también lo son.

El desafío es profundo, porque no se trata simplemente de aspirar a la creación de leyes que obliguen a unos y a otros a actuar de una determinada manera en un momento de crisis, se trata de que nuestras instituciones y normativas sean el reflejo de un pueblo que conoció el poder de la comunidad y el valor de la colaboración, lo que requiere de un hondo cambio cultural. Solo así podremos acortar las distancias abismales que hoy existen entre las instituciones y las personas, y construir una sociedad más cohesionada y capaz de hacerse cargo efectivamente de sus brechas.

Publicación original - El Mostrador

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