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Falta poco para que Chile pueda escribir una nueva constitución, por eso #YoApruebo 

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Ciudadanos Somos Todos

El paquete de medidas para la clase media propuesto por el gobierno busca entregar ayuda a sectores que normalmente están fuera del alcance de las políticas solidarias del Estado, y que hoy sufren -como la mayoría de los chilenos- las secuelas sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. A grosso modo, que la ayuda entregada a las personas en situación de vulnerabilidad sea a través de transferencias directas, y que a la clase media se la apoye por la vía del acceso a créditos blandos, suena razonable.

Sin embargo, en un Chile profundamente desigual, que ha fallado en garantizar derechos sociales básicos con estándares de calidad y en donde la llamada clase media es muy diversa, el acceso al crédito, que podría tener sentido para una clase media alta con capacidad de deuda, no lo tiene en esta contingencia. La clase media, en general, tiene hoy un elevadísimo nivel de endeudamiento, que es mayor justamente en la parte más alta de ese gran y variopinto segmento. Por ello, para buena parte de quiénes tenían ingresos mayores al promedio nacional antes de esta crisis, y que hoy lo están pasando muy mal pues sus ingresos se redujeron o desaparecieron, este nuevo paquete de medidas solo viene a contribuir con el aumento de la deuda.

El mayor gasto público para satisfacer de manera directa las urgencias de las personas implica mayor deuda pública. Que eso tiene importantes consecuencias para nuestro futuro, es innegable; pero evitar aumentar la deuda pública a costa de ofrecerle créditos a familias que hoy están más endeudadas que el Estado, no parece ser una vía justa.

Es cierto que no hay soluciones simples para la situación actual, ya que cada alternativa tiene costos elevados. Tanto los aportes directos (créditos blandos o la posibilidad de acceder a los ahorros de pensiones) como los indirectos (aumento de la deuda pública, que la generación de los millennials pagará mediante impuestos) acarrean repercusiones invariablemente dolorosas para las personas.

Desde el mundo liberal sostenemos que, frente a la complejidad de la situación, pareciera ser mejor poner a disposición de la ciudadanía un amplio rango de alternativas entre las cuales puedan escoger, dejando en claro las ventajas y desventajas de cada una, según la propia situación y realidad. Esta sería una fórmula equilibrada para distribuir el costo de la pandemia, evitando que sea asumido solo por la ciudadanía, como ocurrió con el uso del seguro de cesantía. El rol del Estado en una crisis de estas proporciones, no solo es pertinente sino indispensable, más aún cuando se ha incumplido una promesa de prosperidad realizada a la clase media, parte del malestar y el descontento que condujeron al estallido social.

María Ignacia Gómez y Rodrigo Rettig
Presidenta y Secretario General partido Ciudadanos

Fuente: El Mostrador

En las últimas semanas hemos sido testigos de la indignación manifestada por algunos abogados, a través de un profuso carteo en un conocido medio nacional, originada por la sentencia del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, que acogió una demanda de reclamación de maternidad y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación inscribir a un hijo de pareja homoparental. La pareja en cuestión contaba con un Acuerdo de Unión Civil previo y había concebido al niño a través de reproducción asistida. Con esto, el Estado de Chile reconocía, por primera vez, la existencia de un hijo con dos madres.

Quienes no concuerdan con el fallo, argumentan, sin referirse al fondo de la sentencia, que se trataría de una colusión procesal, puesto que la pareja habría acordado simular una controversia en pos de conseguir el objetivo logrado. Para estos detractores de la decisión judicial, explorar las vías que el ordenamiento legal contempla para resguardar nuestros derechos, sería fraudulento. Señalan, asimismo, que el fallo habría vulnerado el sistema legal chileno, que solo reconoce a un padre y una madre, con lo que asemejan el caso a los proyectos inconstitucionales tramitados últimamente en el Congreso.

Al respecto, no deja de impresionar que -tratándose de un fallo que en sus 27 páginas de extensión, no deja ningún cabo suelto en cuanto al sustento normativo en que se fundó la decisión de acoger la reclamación de maternidad- abogados de gran prestigio profesional se hayan limitado a desacreditar la labor de la jueza y de la defensa de las partes, argumentando una conspiración puramente imaginaria.

Lamentablemente, poco se ha dicho sobre el fondo de esta sentencia que, en una situación de vacío legal, recurre a los principios de la igualdad de derechos e interés superior del niño, reconocidos expresamente en documentos como la Constitución, Código Civil, Convención de los Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

Nuestra Constitución señala que la familia es el núcleo de la sociedad y que es deber del Estado protegerla, pero lo cierto es que no define lo que se entiende por familia. De este vacío se hace cargo fundamentalmente la sentencia, analizando las definiciones legales existentes en Chile y en Tratados Internacionales que obligan a nuestro país, en los cuales se supera la idea de familia como matrimonio entre un hombre y una mujer, para avanzar a una idea más amplia. Señala la sentencia que: “Evidencia el carácter dinámico del concepto de familia, la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorporando un concepto de familia y definiéndolo como un núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos”. El texto apunta en el mismo sentido de la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil.

Por otra parte, ya en el siglo pasado se legisló en Chile para eliminar las diferencias entre los hijos matrimoniales y aquellos nacidos fuera del matrimonio, de manera que el artículo 33 del Código Civil dispone que todos los hijos son iguales ante la ley. Esto tiene una gran relevancia, pues de impedirse que el niño sea reconocido por ambas madres, se estaría incurriendo en una discriminación arbitraria y en una privación de derechos. El niño en cuestión no podría, por ejemplo, ser heredero; ser beneficiario en el sistema de salud privada o pública; ser carga en el sistema de previsión social; acceder a sala cuna financiada por el empleador; ser beneficiario de seguros de salud complementarios; ser cuidado en caso de discapacidad o muerte; ser reconocido como hijo en los servicios de urgencia hospitalaria, con el riesgo de ser separado de sus figuras de apego; ser reconocido como hijo en el sistema escolar,  y así un largo etcétera.

Tratándose del primer reconocimiento en Chile de la legalidad de la filiación homoparental, nos permitimos pensar que el problema para algunos colegas no es realmente de carácter formal, sino más bien una reticencia a entender que el concepto de familia ha cambiado y que el ordenamiento jurídico actual protege dicha institución en sus diversas formas, en pos de la igualdad de derechos y el interés superior del niño.

Ignacia Gómez, Pilar Maulén, Rodrigo Rettig, Alejandro Fernández y Paola Cabezas, abogadas y abogados miembros del Partido Ciudadanos.

 

Columna original Enlace

Hoy Ciudadanos Maule hizo entrega a través del pre candidato a Gobernador Regional Alberto Martínez, de un set de propuestas económicas para enfrentar la crisis del Covid al Gobierno Regional respectivo. Excelente iniciativa.

Puedes leer la noticia completa acá

La historia muestra que la democracia es la mejor forma de resolver nuestras diferencias y construir un futuro juntos, basado en la libertad, el pluralismo, la diversidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la solidaridad y el desarrollo sustentable de la sociedad.

Hoy enfrentamos una amenaza diferente a las dictaduras militares que conocimos en el pasado. El populismo, ya sea de derecha o de izquierda, ofrece respuestas simplistas y demagógicas a los problemas de nuestra era como, por ejemplo, la corrupción, la precariedad económica, la globalización desigual, y la inseguridad ciudadana, socavando el estado de derecho y los derechos humanos como si favoreciesen solo a las élites. Y hay muchos agraviados, indignados o frustrados que acogen los llamados de los demagogos, Así, algunos populistas llegan al poder por la vía electoral y se van transformando en gobiernos autoritarios y personalistas del siglo 21, que pretenden reprimir lo diverso, copar las instituciones y subvertir la democracia.

Por lo anterior, se hace necesario reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos, y las demandas ciudadanas, recordando que Chile ha sido un actor clave en la elaboración de instrumentos de defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, y entendiendo que la democracia es y será una construcción inacabada y perfectible.

En consecuencia, los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente:

Heraldo Muñoz, ex Canciller, Presidente del Partido Por la Democracia.
Alvaro Elizalde, Senador, Presidente del Partido Socialista.
Carlos Maldonado, Presidente del Partido Radical.
Luis Felipe Ramos, Presidente del Partido Liberal.
Ignacia Gómez, Presidenta, Partido Ciudadanos.
Marcela Sabat, Diputada, Renovación Nacional.
Vlado Mirosevic, Diputado, Partido Liberal.
Francisco Chahuan, Senador, Renovación Nacional.
Adriana Muñoz. Senadora, Jefa de la Bancada de Senadores del Partido Por la Democracia.
Carmen Hertz, Diputada, Partido Comunista.
Andrés Velasco, Ex Ministro, Miembro del Comité Político, Partido Ciudadanos.
Jaime Bellolio, Diputado, Partido Unión Demócrata Independiente.
Ricardo Celis, Diputado, Jefe de la Bancada de Diputados del Partido Por la Democracia.
Francisco Huenchumilla, Senador, Partido Demócrata Cristiano.
Juan Pablo Letelier, Senador, Partido Socialista.

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